R e s e ñ a

El primer programa bracero y el gobierno de México,

1917-1918, de Fernando Saúl Alanís Enciso¹

Luz María Reyes

El libro de Alanís Encino está estructurado en cuatro capítulos referentes a la emigración de mexicanos hacia los Estados Unidos en los años 1917-1918 y de cómo fue atendido dicho movimiento migratorio por parte de los gobiernos mexicano y estadunidense. En éstos, el autor analiza las causas que motivaron al gobierno de los Estados Unidos a promulgar leyes que regularan la entrada de inmigrantes a ese país, debido principalmente a la incursión del mismo en abril de 1917 en la primera Guerra Mundial.

  La participación de los estadunidenses en la guerra y la manufactura de armamento para proveer a los países involucrados en el conflicto mundial intensificó el desarrollo de la industria bélica y de la agricultura. Ello trajo una reubicación geográfica de la mano de obra derivada del reclutamiento militar y del desplazamiento de trabajadores hacia las zonas industriales del norte, provocando escasez de éstos en los estados sureños.

Además, los empresarios de ese país se enfrentaron a un problema en la contratación de mano de obra. Dos meses antes de estos sucesos, el gobierno había promulgado una ley de inmigración llamada Burnett, en la que estipulaba que todo extranjero mayor de dieciséis años debía saber leer y escribir y cubrir una cuota de ocho dólares. Estas medidas y la vigilancia de la frontera debido a la guerra mundial y la revolución mexicana frenaron de alguna manera el ingreso libre de inmigrantes hacia ese país.

La insistencia de los empresarios en contratar mano de obra mexicana con el fin de paliar la disminución de inmigrantes debido a la guerra, logró que a escasos tres meses de haber entrado en vigor la mencionada ley de inmigración, los mexicanos quedaran exentos de toda prueba impuesta por la misma, aunque no del pago.

Por otro lado, Alanís describe las causas que motivaron la salida de mexicanos rumbo a Estados Unidos, a partir de la inestabilidad económica y social de un país en plena revolución, que obligó a que muchos de sus hombres no tuvieron otra opción que emigrar a los Estados Unidos en busca de subsistencia.

Los empresarios yanquis obtenían mano de obra a través de contratistas o enganchadores  que acudían a varios estados de la república mexicana. En Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Michoacán principalmente, buscaban trabajadores, prometiéndoles un buen salario y adecuadas condiciones de trabajo, lo que en la mayoría de los casos era mentira. El acopio de éstos no fue fácil porque los gobiernos estatal o municipal de algunos estados fronterizos mexicanos, se opusieron a la salida de sus connacionales, apremiados también por la necesidad de mano de obra.

En ese momento las relaciones diplomáticas entre ambos países no eran buenas en virtud de la promulgación, el 5 de febrero de 1917, de la Constitución Mexicana; esto era debido principalmente al artículo 27 que estipulaba que los estadunidenses perderían las propiedades que habían adquirido en territorio mexicano. Por esto, no fue posible legislar en las dos naciones para proteger a los inmigrantes, y los acuerdos que se lograron se dieron sólo en instancias locales.

Mientras tanto, el gobierno estadunidense tomó medidas drásticas para aumentar el enrolamiento en su país, y aunque había manifestado que todo individuo que demostrara ser extranjero no tendría la obligación de prestar servicio militar, en la práctica no fue así. Con el paso del tiempo, el gobierno fue endureciendo su postura y para contratarlos, tanto en algunos empleos particulares y como en los del gobierno, ponían como condición que se nacionalizaran.

En este periodo, los mexicanos empezaron a regresar a su país al percibir que México se encontraba en franca recuperación a partir de la promulgación de la Constitución de 1917 y la estabilidad lograda por el presidente Venustiano Carranza. Esta salida de mexicanos perjudicó en tal medida a los inversionistas estadunidenses, que estos últimos presionaron a su gobierno para que tomara medidas que evitaran la fuga de mano de obra; sin embargo, se les aclaró que los mexicanos no serían aceptados en el ejército.

En la Constitución de 1917, el estado mexicano estableció leyes para proteger a los emigrantes debido a que se trataba de un fenómeno de grandes dimensiones que atrajo la atención de los legisladores, y que coincidió con la principal preocupación del gobierno: darle solución a los problemas de los trabajadores. Este reto fue tal que se implementó una campaña nacional para alertar a los mexicanos de los malos tratos que sufrían en Estados Unidos.

Otra medida fue la de expedir pasaportes sólo a los residentes de la región fronteriza, para  desalentar a los connacionales que se trasladaban desde otros estados hacia la frontera, aunque éstos la cruzaban de manera ilegal.

El gobierno mexicano, al darse cuenta de que sus intentos para frenar el éxodo era infructuoso, intentó reglamentar las condiciones de los migrantes desde la salida de México, su estancia en los Estados Unidos y hasta su regreso.

Al mismo tiempo proporcionó ayuda a través de los consulados a quienes ya se encontraban reclutados. Investigaban, informaban y expedían el certificado que los acreditaba como mexicanos para que pudieran ser dados de baja del ejército estadunidense, emprendiendo una campaña para que los connacionales que se trasladaban a Estados Unidos lo hicieran con documentos probatorios de su nacionalidad y evitar así su conscripción en el ejército.

Debido a ello, Estados Unidos y México se vieron inmersos en el problema de la doble nacionalidad. Para las leyes mexicanas, los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero son mexicanos, mientras que para los Estados Unidos, todos los nacidos en ese país, aunque sean hijos de extranjeros, son considerados ciudadanos de esa nación.

Ante la amenaza de ser enviados a la guerra, estadunidenses que eran hijos de mexicanos solicitaron la protección del gobierno mexicano solicitando su certificado de nacionalidad para evitar ser enlistados en el ejército. Pero, como las leyes internacionales estipulan que éstos se debían sujetar a las leyes del país donde radican, se les expidió la documentación, advirtiéndoles que si eran llamados al servicio militar, el gobierno mexicano nada podría hacer. Lo mismo ocurrió con las personas que tramitaron “la declaración de intención”, con la cual se daba inicio el proceso de naturalización. Con este trámite, las leyes estadunidenses obligaban a los solicitantes a prestar el servicio militar.

Ante la presión, el gobierno mexicano organizó la repatriación por contrato de trabajo, pagando el traslado de los compatriotas desde los Estados Unidos hasta pisar suelo mexicano.

La condición gubernamental era que pagarían con trabajo en lugares previamente asignados. Tal proyecto fue un fracaso porque en cuanto llegaban, los repatriados no se presentaban a trabajar. A los agricultores y obreros repatriados se les dio un mayor apoyo por todo lo que supuestamente aportarían al país al punto que el gobierno mexicano ordenó a las aduanas que los agricultores pudieran pasar sus pertenencias libres de impuestos.

El presidente de México y su gabinete se fueron preparando porque al finalizar la conflagración mundial, los estadunidenses volverían a sus puestos laborales y, como consecuencia, los mexicanos serían regresados en grandes masas.

Conclusión

La situación existente a principios del siglo xx es  similar a la actual: la emigración es constante por la precaria situación económica de México que no les puede ofrecer a sus ciudadanos un trabajo bien remunerado, por lo que optan por irse a los Estados Unidos.

De igual manera, los legisladores estadunidenses, igual que hace un siglo, no legislan en beneficio de los inmigrantes. Los que sacan provecho de ello son los empresarios, quienes abusando de la calidad de ilegales, no tienen que pagar impuestos al gobierno ni prestaciones a estos trabajadores.

Asimismo, los gobiernos actuales aunque tengan “buenas relaciones”, no se preocupan por legislar leyes para proteger a los ilegales y, como hace 100 años, los emigrantes están desprotegidos y en espera de mejores condiciones de trabajo.

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¹ Fernando Saúl Alanís Enciso, El primer programa bracero y el gobierno de México, 1917-1918, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 1999, 119 pp.